La segunda oleada COVID en España, tres meses después del final del estado de alarma, lo convierte en el país de la UE más azotado por la segunda ola de COVID-19.
Entrando de lleno en el otoño con los contagios semanales multiplicándose y con más incertidumbres que certezas sobre el impacto del virus, que ha cambiado nuestras vidas en todos los ámbitos.
Cifras pandemia España
Más de 390.000 contagios, 18.000 hospitalizaciones y 2.172 fallecidos: son las cifras de la pandemia en España durante los tres primeros meses de la nueva normalidad.
El otoño que todos temían llega este martes y se prevé especialmente complejo por la evolución de la curva de contagios, la proliferación de otras infecciones respiratorias, la vuelta a las aulas y el regreso paulatino de muchos españoles a sus puestos de trabajo.
Las primeras dos semanas de clases presenciales se han saldado con una incidencia minoritaria del virus -700 cierres de aulas y algunos colegios del total de 28.500 centros educativos que hay en España-. Pero se mantiene el temor a que empeore este escenario.
En todo el país, los contagios semanales se han multiplicado por 35 en los últimos tres meses, la incidencia acumulada de 14 días (268 casos por cada 100.000 habitantes) es 33 veces superior a la registrada el 21 de junio (8,08) y desde finales de julio van al alza hospitalizaciones e ingresos en cuidados intensivos. También crecen los fallecimientos.
Características epidemiológicas segunda ola COVID
Desde el final del estado de alarma se han diagnosticado más de 390.000 nuevos contagios, el 60 % del total de 640.040 registrado por el Ministerio de Sanidad desde el comienzo de la epidemia.
Mientras el 21 de junio España abandonó el confinamiento con una media de 1.668 contagios semanales, 99 hospitalizaciones -5 en UCI- y 29 muertes, los últimos datos de Sanidad cifran los contagios semanales en 58.347, los ingresos en 2.485 -185 en UCI- y 432 muertes semanales.
Aunque son más los contagios en estos tres meses que durante el estado de alarma, las hospitalizaciones de estas doce semanas suponen un 12 % del total, los ingresos en UCI un 10 % y los decesos, el 7 % del total.
¿Qué ha cambiado en esta segunda ola? En primer lugar, el 53 % de los positivos son asintomáticos -durante el estado de alarma se diagnosticaban mayoritariamente casos graves-, el principal lugar de contagio es el domicilio y la edad media de los contagiados es de 38 años, significativamente inferior.
Uno de cada cuatro contagios se detecta en personas de 15 a 29 años, sin embargo el Instituto de Salud Carlos III alerta de que se empieza a observar un "incremento significativo" en los mayores de 70 años, en el que la gravedad de los casos y la mortalidad es mucho mayor. Las consecuencias ya las conocemos de la primera ola, cuando el virus se cebó especialmente con los mayores y puso el foco en las residencias y en la necesidad de mejorar la atención y la gestión en estos centros.
Tensión atención sanitaria
La capacidad de la atención médica es, junto con el número de defunciones, el dato más relevante de la evolución de la epidemia.
La saturación del sistema hospitalario caracterizó la primera ola del coronavirus, con las unidades de cuidados intensivos colapsadas, plantas llenas y profesionales agotados.
Esta situación obligó a construir hospitales de campaña, a contratar a personal e incluso a incorporar en las plantillas a estudiantes de últimos cursos de medicina y enfermería.
A medida que se controlaba la curva, esa tensión fue descendiendo y el 21 de junio, el número de hospitalizaciones semanales no llegaba a 100 y el de ingresos en UCI era de 5.
Con el verano llegó la movilidad y la curva comenzó a crecer de nuevo con la relajación de la nueva normalidad, lo que no se tradujo inmediatamente en una gran presión asistencial, debido al número elevado de asintomáticos y al perfil de personas jóvenes contagiadas.
Sin embargo, a primeros de julio comenzó a apreciarse un incremento de pacientes en los hospitales y a finales de ese mes, de ingresos en UCI y fallecimientos.
En la última semana, el número de entradas en UCI ha sido de 160 y el ingreso en hospitales de 2.357. Sanidad cifra en el 8,6 % el número de camas ocupadas por pacientes COVID, un porcentaje que ronda el 40 % en los cuidados intensivos de Madrid.
Los médicos de atención primaria y urgencias ya han alertado de que los servicios se encuentran "al borde de la saturación".
El personal sanitario, primera línea de defensa contra el virus durante la pandemia, ha sido uno de los colectivos más afectados por los contagios.
El Instituto de Salud Carlos III indica que 4,7 % de los contagios que se han producido desde el 10 de mayo afectaron a profesionales sanitarios o sociosanitarios. En la primera ola, los positivos de los sanitarios llegaron a suponer el 25 % del total.
Las autoridades han hecho hincapié en que el control de la pandemia precisaba de dos elementos claves: la realización de pruebas PCR (han subido hasta superar las 600.000 semanales) y la contratación de rastreadores para la detección precoz de casos.
El esfuerzo de las distintas comunidades autónomas a la hora de contratar a estos profesionales ha sido dispar, lo que llevó al Ejército a formar a 2.000 militares para realizar esta labor. Una tarea más en la que se ha implicado a las Fuerzas Armadas, cuyos profesionales también se encargaron de la desinfección en las residencias en los momentos más duros de la pandemia.
Del mando único a las respuestas autonómicas
La epidemia ha trastocado todas las esferas, de la personal a la pública, de la social a la empresarial, y también, sin duda, la política.
Cuando el presidente Pedro Sánchez decretó el estado de alarma a mediados de marzo, el Gobierno de coalición llevaba en el cargo apenas dos meses.
Durante los 90 días de confinamiento, el Ejecutivo pasó de contar en el Congreso con un gran respaldo para el decreto del estado de alarma (incluso Vox votó a favor y sólo se abstuvieron ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP y el BNG) a tener que negociar in extremis las últimas prorrogas.
Las críticas cada vez más duras de la oposición y de algunas comunidades autónomas a la gestión del Ejecutivo se dispararon.
La cifra real de fallecimientos -el Gobierno sólo registra las muertes de las personas diagnosticadas de COVID-19, pero el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria recogió importantes excesos en los meses de marzo, abril y mayo- se convirtió en el primer caballo de la batalla política, aunque luego llegó otro, y otro...
Y nada hace presagiar que con la negociación de los presupuestos el Parlamento se vaya a transformar en un escenario de consensos idílicos.
No obstante, ahora el peso de la gestión está en las comunidades autónomas. El 21 de junio, con una muy discutida desescalada mediante, terminó el estado de alarma, las autonomías recuperaron el control de la sanidad y los ciudadanos pudieron moverse libremente por todo el territorio.
Con la libertad de movimiento, el fin de muchas otras restricciones y la llegada del verano comenzaron a registrarse los primeros brotes -asociados al ocio nocturno y campañas agrícolas-, lo que llevó a muy distintas respuestas autonómicas.
En estos tres meses de "nueva normalidad" ha habido desde confinamientos de edificios y otros selectivos de barrios a confinamientos más amplios, de ciudades enteras y regiones.
Se han tomado medidas comunes como establecer el uso obligatorio de la mascarilla, prohibir los botellones, el ocio nocturno o fumar en la calle y se han acordado unos mínimos sobre cómo volver al colegio.
Aragón y Cataluña fueron durante la primera parte del verano las comunidades con un mayor número de contagios, pero han conseguido entrar en una fase de aparente control endureciendo medidas. Ahora es la Comunidad de Madrid la que más preocupa, con más de un tercio de los contagios de toda España.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido el más crítico con el Ejecutivo de Sánchez, pero la preocupante evolución de la epidemia ha obligado a ambos dirigentes a intentar coordinar una respuesta conjunta después de que la región haya limitado los movimientos de casi un millón de ciudadanos.
El Gobierno central puso a disposición de las autonomías la opción de decretar el estado de alarma en un territorio concreto. Por el momento, ninguna, tampoco Madrid, lo ha solicitado.
Crisis económica y social
La crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica y social cuyos efectos se dejarán sentir durante años.
Al sector turístico, motor de la economía española, le costará recuperarse del impacto del coronavirus, y es muy posible que tenga que reinventarse, olvidarse de viajes masificados y fomentar más el turismo de proximidad con un mayor uso del transporte individual.
Pero esa será la última etapa de una recesión que ya está aquí y que en España ha dejado máximos históricos de deuda pública, una bajada del PIB superior a la de otras potencias europeas y continúas rebajas de las previsiones de crecimiento. Se ha limitado la producción de muchas empresas, otras han tenido que echar el cierre y el desempleo podría alcanzar hasta el 18,6 % en 2020 y superar el 20 % en 2021.
En ello ha influido, sin duda, la poca capacidad de las empresas españolas de adaptarse al trabajo remoto, motivo por el que muchas tuvieron que cerrar, y que ha llevado al Gobierno a tratar de enmendar estas deficiencias con una ley del teletrabajo, que está a punto de presentar.
No es la única medida que el Gobierno ha puesto o quiere poner en marcha para paliar el impacto de la pandemia, que se ha cebado en las clases sociales con menos recursos.
La aprobación de un ingreso mínimo vital -cuya llegada a la población está teniendo dificultades-, los ERTE y su prórroga, las moratorias de hipotecas y las ayudas a pymes y autónomos son algunas de ellas.
En el horizonte, los fondos europeos que pretenden ayudar a los países a reducir el golpe económico de la pandemia. España podría recibir hasta 43.480 millones en subvenciones entre 2021 y 2022 y 15.688 millones en 2023, lo que convertiría al país en el segundo beneficiario de este mecanismo por detrás de Italia.
Futuro incierto: gripe y vacunas
A pesar de los esfuerzos de investigadores en todo el mundo para encontrar vacunas y tratamientos eficaces, hasta la fecha las principales armas contra el coronavirus siguen siendo las mismas: mascarilla, distancia de seguridad e higiene de manos.
La paralización del ensayo de la vacuna de Oxford y Astrazeneca después de que un voluntario sufriera una inflamación de la médula espinal hizo contener la respiración de las autoridades europeas, ya que se trata de uno de los proyectos más prometedores. Sin embargo, el laboratorio ha retomado el ensayo clínico.
La Unión Europea ha cerrado acuerdos para tener siete vacunas distintas -una de ellas la de Oxford y AstraZeneca, de la que España podría adquirir tres millones de dosis-, y se esperaba que las primeras vacunaciones comenzaran en diciembre o a comienzos de 2021 en los colectivos prioritarios: sanitarios y personas con factores de riesgo.
Sin embargo, el desconocimiento de la ciencia y la celeridad en los procesos de investigación de la vacuna han hecho mella en la población española.
Aunque un 44 % de los ciudadanos estaría dispuesto a vacunarse, según el CIS, el porcentaje de los que no lo harían es muy similar: un 40,3 %. La cifra alcanza casi el 50 % entre los jóvenes de entre 25 y 34 años.
La Organización Mundial de la Salud calcula que las vacunas no estarán disponibles para la población general hasta 2022, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021.
La OMS ha recomendado encarecidamente vacunarse de la gripe en el hemisferio norte, para mejorar la lucha contra la COVID-19 en la segunda oleada, ya que algunos casos graves de gripe podrían requerir atención hospitalaria, añadiendo un segundo frente en redes sanitarias que ya estarían presionadas por los ingresos de coronavirus.
Además, en ocasiones los síntomas de una y otra enfermedad podrían confundirse, causar alarma y congestionar el sistema.
La llegada de vacunas o tratamientos efectivos no son las únicas incógnitas sobre el virus por desvelar, queda saber, por ejemplo, qué pasa con la inmunidad cruzada o con las reinfecciones de la COVID-19.
Incertidumbre en la sociedad española
La de España fue una de las sociedades más responsables a la hora de cumplir el confinamiento, una ejemplaridad reconocida por el Gobierno.
De un día para otro, los españoles tuvieron que adaptarse a una realidad en la que no se podía salir de casa, había que teletrabajar y los niños debían aprender la lección a distancia. Además, los ancianos no podían recibir visitas en los centros asistenciales.
Los aplausos a los médicos y personal esencial, atronadores en las primeras semanas de marzo, se fueron apagando y la nueva normalidad, el control de la pandemia y el buen tiempo dieron un respiro a la angustia.
Hubo quienes incluso llegaron a cuestionar la existencia del virus y más de 2.000 personas se manifestaron en agosto en Madrid en contra del uso obligatorio de mascarillas, aunque el negacionismo no ha pasado de ser anecdótico en nuestro país.
Con el incremento de brotes, muchos asociados al ocio de los jóvenes, llegaron las críticas a esa relajación. La mayoría apuntaba a la "irresponsabilidad" de quienes se saltaron en verano las precauciones básicas, sin preocuparse por las distancias o los aforos permitidos, y acudieron a reuniones o fiestas masificadas.
Y aunque fueron los menos, hasta el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, sorprendió con un llamamiento a los 'influencers' para concienciar a los jóvenes.
Los que ya serán la 'generación covid' tienen por delante ahora un futuro incierto en el que estudiar y, después, encontrar un trabajo será incluso más complicado que antes.
Y no sólo eso. El modelo del ocio, de residencia, de vida en definitiva, ha sufrido una transformación inesperada. Relaciones por videoconferencias, bares sin barras, parqués cerrados, casas en las que se echan de menos las terrazas, cines y teatros agonizando...
La esperanza se mantiene en que si el coronavirus ha venido para quedarse logremos dominarlo, pero es indudable que ya nos ha cambiado la vida para siempre.
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