La “nueva normalidad” comenzará el próximo día 21 de junio cuando expire el estado de alarma, pese a que algunos territorios sigan aún en la llamada fase 3, y lo hará con el fin de las restricciones para moverse por toda España.
Eso sí, con distancias ahora fijadas en un metro y medio y el conocido uso obligatorio de mascarillas cuando no se puedan mantener esas distancias bajo multa de hasta 100 euros.
El Gobierno aprobó el pasado martes un decreto con las medidas que regirán en esa nueva etapa, para cuya convalidación en el Congreso ha vuelto a sumar a Ciudadanos, tras asegurarse los votos del PNV y mientras negocia con ERC.
Según el decreto, Sanidad refuerza su papel coordinador, pero deberá consultar siempre con las autonomías, encargadas de regular las limitaciones de aforo, otra característica de la próxima realidad, junto a las colas, los turnos y la paciencia.
La nueva normalidad traerá movilidad plena
La nueva distancia física, como planteaba Cs, será de un metro y medio, y no de "entre 1,5 y 2 metros" como hasta ahora, y el uso de la mascarilla -en transportes, lugares cerrados y en aquellos públicos en los que no se pueda mantener la distancia- será obligatorio bajo una multa de hasta 100 euros.
Estas particularidades se recogen en el decreto que regirá durante esa etapa conocida con el eufemismo de “nueva normalidad”.
¿Cuándo comenzará esa etapa?
Hasta ahora se sabía que lo haría al concluir la fase 3 de la desescalada, en la que el pasado lunes entró un 52 por ciento de la población española, cuando así lo decidieran los Gobiernos autonómicos, que tienen desde esa fase las competencias, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado por hecho que la “nueva normalidad” será una realidad en toda España el próximo día 21.
Ese 21 de junio finaliza la sexta y última prórroga del estado de alarma y con ella las restricciones de movimientos entre comunidades, las últimas aún en vigor, por lo que, aunque alguna comunidad siga aún en fase 3, dentro de once días se inicia esa nueva etapa cuya duración ha vinculado el propio ministro Illa con la llegada de una vacuna segura o un tratamiento eficaz.
En el decreto aprobado se obliga a las autonomías a garantizar la coordinación de las residencias de mayores o los centros de personas con discapacidad con sus recursos sanitarios del sistema de salud, además de tener previstos en esos centros los correspondientes planes de contingencia para la detección precoz del virus.
La gestión de las residencias, con miles de muertos en todo el país, sigue envuelta en la polémica en la Comunidad de Madrid por la orden para no derivar a los hospitales a ancianos internos en la fase crítica de la epidemia.
El Ministerio de Sanidad refuerza su papel coordinador y podrá tomar decisiones en situaciones de emergencia, si bien cualquier medida deberá contar con el acuerdo previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, a las que consultará “con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria".
Limitaciones en aforos, público y turismo
El decreto, que introduce algunos cambios en el borrador conocido el pasado viernes, hace hincapié en la vigilancia, para evitar aglomeraciones, de los aforos, que compete desde la fase 3 a las comunidades autónomas, que ya han hecho algunas modificaciones.
Andalucía ha aumentado hasta el 75 % la ocupación de las terrazas, y Aragón lo ha incrementado hasta el 100 % en todos los comercios, bares y restaurantes de las localidades de hasta mil habitantes.
También el fútbol y el baloncesto, a punto de reanudar sus competiciones, reclaman poder hacerlo con público y todo apunta a que será posible, si no hay ningún contratiempo, a finales de junio o primeros de julio, siempre que lo autorice el Consejo Superior de Deportes (CSD), previa consulta con los organizadores de las respectivas competiciones, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Antes de llegar a ese 21 de junio, habrán llegado a las Islas Baleares muchos de los hasta 10.900 turistas alemanes que podrán hacerlo, con una estancia mínima de cinco días, en un plan piloto para reiniciar el turismo internacional en España, que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes.
La covid-19 pasa a ser, según el decreto, de declaración urgente y las comunidades tendrán que suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, deberán facilitar los datos para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica y asegurar un número suficiente de profesionales para la prevención y control de la enfermedad y su diagnóstico temprano.
Las medidas aprobadas por el Gobierno serán efectivas desde su publicación en el BOE, pero tendrá que pasar en el plazo de un mes por el Congreso para su convalidación.
Sigue nuestras noticias en:
