Aunque las fronteras españolas se abrieron al resto de Europa el pasado 1 de julio, la llegada de extranjeros al país nunca paró, porque el flujo de llegada de pateras, aunque reducido, no cesó en los meses de estado de alarma.
Sin embargo, ahora, los migrantes deben enfrentarse a protocolos contra el Covid-19 más estrictos que los turistas europeos. En todo caso, España mantiene cerradas las fronteras con Marruecos, Argelia y Mauritania, de donde suelen proceder este tipo de embarcaciones.
Durante el estado de alarma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trasladó a las autonomías un protocolo a seguir para los inmigrantes en el que se establecía que estos, como cualquier otro extranjero, debían cumplir una cuarentena de 14 días.
Sí se les permitía cambiar de provincia durante el aislamiento, en el caso de que fuera necesario y siempre cumpliendo con las medidas de prevención del Covid19. En cuanto a los test, se pedía sólo en el caso de que la personas presentara síntomas.
Competencias de migrantes a las Comunidades Autónomas
Una vez terminado este periodo de alarma, el 21 de junio, el departamento que dirige José Luis Escrivá, trasladó las competencias a las comunidades autónomas, de manera que ellas decidieron y desarrollaron, a partir de entonces, su modo de proceder en el momento de la acogida de las personas migrantes que llegan a sus fronteras.
Autonomías como Canarias, Andalucía o Murcia han creado en las últimas semanas protocolos en este sentido, cambiando algunas de las directrices que el Ministerio aplicaba durante los meses anteriores.
Así, se eliminó la cuarentena de 14 días que se exigía a todo extranjero, igual que se hizo con los turistas, y se limitó a aquellas personas con síntomas o cercanas a un positivo.
Sin embargo, se endureció la realización de pruebas PCR, que pasaron a ser obligatorias para toda aquella persona que llegara a través de pateras a territorio nacional, independientemente de que presente síntomas compatibles con el coronavirus, o no.
Desde diferentes ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se ha denunciado que se exige un mayor control a los inmigrantes que a los turistas que llegan al país, ya sea por tierra mar y aire, ya que a estas personas no se les obliga a pasar por las pruebas de detección de la enfermedad.
Control 'visual' para los turistas
De hecho, a los turistas se les aplica un protocolo basado en tres controles: uno documental, en el que deben rellenar un impreso con preguntas sobre el país de procedencia, si han pasado el coronavirus y otras cuestiones; un segundo de temperatura, al llegar pasan por cámaras termográficas para confirmar la ausencia de este síntoma; y un tercero visual, en el que se determina si el viajero podría tener otros síntomas relacionados con el Covid-19.
Estas actuaciones contrastan con las que deben pasar quienes llegan en patera. Al pisar suelo español reciben una primera atención sanitaria y humanitaria por parte de Cruz Roja Española, y son trasladados a los Centros de Atención Temporal al Extranjero (CATE) o a las comisarías del Cuerpo de la Policía Nacional --dependientes ambos del Ministerio del Interior-- donde permanecerán un máximo de 72 horas.
En este periodo, se actuará "en función del diagnóstico y clasificación de estas personas"; en concreto, si cuentan con "residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso confirmado de Covid-19"; con residentes sin síntomas, en cuarentena por contacto estrecho con caso confirmado de Covid; con residentes con síntomas compatibles, o con "casos confirmados" de coronavirus.
Estigmatización
Los protocolos autonómicos recogen, además, varias líneas de actuación, entre las que figuran una relativa a medidas de prevención, de distanciamiento físico, aislamiento e higiene de manos.
Además, se recomienda "reforzar la limpieza y desinfección de estancias con especial énfasis en los objetos de mayor contacto del mobiliario", así como "mantener medidas de seguridad en los desplazamientos".
También los voluntarios de Cruz Roja deben seguir un estricto protocolo de prevención. Todos ellos han de llevar Equipos de Protección Individual (EPI) y deben de limitar el número de personas en las zonas en las que atienden a los inmigrantes, para evitar aglomeraciones y poder mantener la distancia de seguridad.
Además, en el caso de hallar un positivo, deben seguir un procedimiento para ponerse en contacto con los servicios autonómicos, que son los competentes a la hora de determinar los siguientes pasos, posible ingreso o aislamiento, entre otras opciones.
Las diferencias de tratamiento entre migrantes y turistas, señalan las ONG, suponen también una estigmatización de los inmigrantes. Esta situación se ha dado en las últimas semanas, por ejemplo, en Cartagena (Murcia) en donde algunos vecinos insultaron y obligaron a trasladar a seis migrantes argelinos que cumplían cuarentena en un piso de la ciudad.
Los migrantes no padecían el virus, pero en su embarcación sí había gente contagiada, de ahí que las autoridades autonómicas decidiera aislarlos para cumplir cuarentena. Los vecinos defendieron su comportamiento alegando que tenían "miedo" a que estas personas pudieran pasarles la enfermedad.
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